Cinco vacíos anticorrupción que el Congreso debe cerrar en la Clarity Act

La Digital Asset Market Clarity Act, un proyecto clave para regular los mercados de activos digitales en Estados Unidos, avanza hacia una votación en el pleno del Senado tras haber superado el Comité Bancario del Senado el 14 de mayo. En una columna publicada por CoinDesk el 9 de junio de 2026, Scott Greytak sostiene que el texto aún contiene cinco vacíos que el Congreso debería cerrar antes de convertirlo en el marco regulatorio central para la industria cripto.

El debate importa porque la ley busca establecer reglas para un sector que ha crecido más rápido que la legislación que lo supervisa. Según el autor, si el proyecto no cubre adecuadamente actividades financieras realizadas por plataformas cripto, herramientas automatizadas o servicios offshore, podría debilitar la protección del sistema financiero estadounidense frente al lavado de dinero, la evasión de sanciones y otros usos ilícitos.

Uno de los principales puntos señalados es DeFi. El artículo argumenta que una plataforma o intermediario no debería quedar fuera de la supervisión solo por definirse como “descentralizado” si facilita transferencias de valor. Como contexto, cita el uso de Tornado Cash por parte del Lazarus Group para lavar más de 455 millones de dólares robados, además de un reporte de expertos de la ONU sobre otros 147,5 millones de dólares posteriormente canalizados por la misma plataforma.

La columna también apunta a una brecha en herramientas de anonimato, al sostener que las reglas antilavado no deberían desaparecer cuando una función pasa de ser ejecutada por una persona a ser realizada por software. En ese marco, el autor pide autoridad explícita para que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro pueda actuar contra herramientas usadas para evadir sanciones. También advierte que las stablecoins podrían ser utilizadas mediante protocolos DeFi, plataformas offshore o mezcladores si los emisores no cuentan con monitoreo más amplio para detectar y reportar actividad sospechosa.

Otro riesgo descrito es jurisdiccional: plataformas que atienden a clientes estadounidenses o usan el sistema financiero de Estados Unidos no deberían eludir obligaciones registrándose en el extranjero. El texto menciona además un caso reciente del Departamento de Justicia sobre un ciudadano venezolano acusado de lavar aproximadamente 1.000 millones de dólares mediante cuentas bancarias, exchanges, billeteras privadas, empresas fachada y operaciones vinculadas a Estados Unidos.

El quinto punto es ético. La columna señala que la Clarity Act avanza bajo una administración cuya familia tendría intereses financieros directos en empresas de activos digitales, y cita reportes sobre World Liberty Financial y una operación vinculada a una entidad respaldada por Abu Dhabi. Para el autor, el proyecto debería prohibir que funcionarios públicos y familiares directos posean, promuevan, patrocinen, respalden o soliciten inversión en negocios de activos digitales mientras el funcionario esté en el cargo.