El Major County Sheriffs of America retiró su oposición al CLARITY Act, según un informe, aunque mantiene su petición de que el proyecto sea enmendado. La organización afirmó que aún quiere que la legislación incluya más recursos para que las fuerzas del orden locales puedan investigar casos de financiamiento ilícito.
Este cambio importa porque el debate sobre el CLARITY Act no solo afecta a la regulación de activos digitales, sino también a cómo se asignan las herramientas de cumplimiento y vigilancia. Para el ecosistema cripto, el respaldo o la oposición de grupos de seguridad pública puede influir en la discusión legislativa sobre el equilibrio entre innovación, supervisión y capacidad de investigar actividades ilícitas.
La postura del grupo no equivale a un apoyo total al proyecto. Más bien, su decisión muestra una apertura a seguir discutiendo el texto mientras insiste en que las autoridades locales necesitan más recursos para actuar frente a posibles casos de fraude o lavado de dinero.
El seguimiento de este tipo de posiciones es relevante para empresas y participantes del sector, ya que la evolución del CLARITY Act puede afectar la forma en que se estructura la regulación en Estados Unidos. Por ahora, el mensaje del grupo es claro: ya no se opone al proyecto, pero quiere cambios antes de considerarlo adecuado.