Brad Garlinghouse dijo que Ripple consideró seriamente cerrar la empresa y distribuir sus tenencias de XRP entre accionistas tras la demanda de la SEC en 2020. La compañía optó por litigar, una decisión que, según el CEO, preservó cientos de empleos y costó unos 150 millones de dólares en gastos legales.
Brad Garlinghouse dijo que Ripple consideró seriamente cerrar la empresa y distribuir sus tenencias de XRP entre accionistas tras la demanda de la SEC en 2020. La compañía optó por litigar, una decisión que, según el CEO, preservó cientos de empleos y costó unos 150 millones de dólares en gastos legales.
El episodio importa porque muestra hasta qué punto la presión regulatoria pudo haber alterado la trayectoria de una de las empresas más conocidas del sector cripto. Según Garlinghouse, la alternativa de cerrar habría sido más sencilla frente a un gobierno con recursos muy superiores, pero también habría implicado la pérdida de cientos de puestos de trabajo.
Ripple estuvo cerca de cerrar tras la demanda presentada por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. en 2020, según dijo su CEO, Brad Garlinghouse. El ejecutivo afirmó que él y el cofundador Chris Larsen consideraron liquidar la compañía y entregar sus tenencias de XRP a los accionistas antes de decidir enfrentar el caso en tribunales.
El episodio importa porque muestra hasta qué punto la presión regulatoria pudo haber alterado la trayectoria de una de las empresas más conocidas del sector cripto. Según Garlinghouse, la alternativa de cerrar habría sido más sencilla frente a un gobierno con recursos muy superiores, pero también habría implicado la pérdida de cientos de puestos de trabajo.
Garlinghouse explicó que Ripple mantenía una cantidad importante de XRP y que podía distribuir esos tokens entre sus accionistas de forma proporcional, disolviendo la empresa y, en la práctica, poniendo fin al litigio al dejar de existir como compañía. Finalmente, Ripple eligió continuar operando y defenderse.
La SEC demandó a Ripple en 2020 bajo el argumento de que la empresa había vendido XRP como un valor no registrado, e incluyó a Garlinghouse y Larsen de forma personal. El CEO sostuvo que se reunió cuatro veces con funcionarios de la agencia entre 2017 y 2019 sin abogado y que no se le indicó que XRP pudiera ser tratado como un valor, algo que, según él, reforzó su percepción de falta de reglas claras.
Garlinghouse estimó en 150 millones de dólares los costos legales acumulados durante cuatro años. Ripple obtuvo una victoria relevante cuando la jueza Analisa Torres determinó que XRP en sí mismo no es un valor, y las partes llegaron a un acuerdo en mayo del año pasado tras un cambio en el liderazgo de la SEC hacia una postura más favorable al sector cripto.
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